EN TIEMPOS DE CRISIS LA CALIDAD DE MUCHOS SERVICIOS PUEDE VERSE SERIAMENTE AFECTADA. EL CONSUMIDOR TIENE PERFECTO DERECHO A QUEJARSE Y SOLICITAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO ASÍ COMO DENUNCIARLO PÚBLICAMENTE. ALFOX DIGITAL, LLEGADO EL CASO, OFRECE LAS PÁGINAS DEL PERIÓDICO A TODOS LOS LECTORES. PUEDEN ENVIAR SUS QUEJAS O COMENTARIOS A LOS SIGUIENTES E-MAILS:
cer.centrorayero@gmail.com
alfoxdigital@gmail.com
Y TAMBIÉN A LOS SIGUIENTES CORREOS O TELÉFONOS:
www.murciaconsumo.es
www.murciaconsumo.com
Télf. Del Consumidor: 901 501 601
___________________________________________________________________________
Nuevo abuso de la banca
FACUA recomienda a los afectados por las participaciones preferentes que pidan la nulidad del contrato
La asociación considera vergonzoso que el sector de la banca haya podido comercializar estos productos de forma generalizada, sin informar de su alto riesgo y la falta de liquidez.
FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios que se sientan engañados y perjudicados por la inversión realizada en participaciones preferentes que soliciten la nulidad del contrato, sobre la base de la falta de información. Actualmente miles de usuarios tienen secuestrados sus ahorros al haber invertido en productos de inversión complejos, sin que el banco les advirtiera sobre su alto riesgo y la falta de liquidez. FACUA considera vergonzoso que el sector de la banca haya podido llevar a cabo esta práctica de forma generalizada, que ya ha sido bautizada como el corralito español.
Ante la gravedad del asunto, FACUA ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, competente en materia de protección a los consumidores, que tomen cartas en el asunto y lleven a cabo medidas urgentes para proteger a los miles de usuarios afectados. En este sentido, FACUA ha solicitado al presidente de la CNMV, Julio Segura Sánchez, y a la ministra, Ana Mato, una reunión para tratar la búsqueda de soluciones.
Falta de información
FACUA ha recibido numerosas reclamaciones de afectados que señalan que la información verbal facilitada ha sido deficitaria, incompleta y engañosa. Las entidades bancarias comercializaron este producto como una inversión segura similar al plazo fijo. De esta forma los usuarios creyeron estar contratando un producto que carecía de todo tipo de riesgo y que era posible rescatar el dinero. Ahora se sienten engañados y sin posibilidad de recuperarlo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores define las participaciones preferentes como "un instrumento complejo y de riesgo elevado". Debido a esto, las entidades financieras están obligadas a realizar un test de conveniencia a los usuarios para evaluar su conocimiento y experiencia y analizar si el producto es adecuado para ellos. Sin embargo, FACUA ha comprobado cómo determinadas entidades no han cumplido dicha obligación y han ofrecido información incorrecta a clientes con conocimientos sobre inversión mínimos o nulos.
Recomendaciones
Los afectados deben formalizar una reclamación ante el Servicio de Atención al cliente de la entidad que vendió las participaciones preferentes. En caso de no obtener respuesta en el plazo de dos meses o que ésta no fuera satisfactoria, deberán dirigirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para ello, deben adjuntar cuantos contratos y documentos consideren relevantes para acreditar los aspectos planteados. Los usuarios que quieran contactar con FACUA pueden hacerlo a través de la web tudenuncia.facua.org, el Teléfono del Consumidor 954 90 90 90, o sus organizaciones territoriales.
El Gobierno elimina el Instituto Nacional del Consumo, que será fagocitado por la Aesan
Creado en 1975, era el único organismo autónomo con competencias trasversales en materia de protección de los consumidores.
FACUA-Consumidores en Acción considera de extrema gravedad la decisión del Gobierno de eliminar el Instituto Nacional del Consumo (INC), que será fagocitado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Creado en 1975, el INC era el único organismo autónomo con competencias trasversales en materia de protección de los consumidores.
Su conversión en un mero apéndice de la Aesan supone para FACUA una muestra de la falta de interés del Gobierno de Mariano Rajoy por la protección de los consumidores.
El INC estaba adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Hace unas semanas, el BOE ya había publicado la eliminación de la Dirección General de Consumo.
FACUA advierte que precisamente en esta época de crisis económica, debería priorizarse más que nunca las políticas de defensa de los consumidores, dada la creciente agresividad de los fraudes que se producen. Sin embargo, el Ejecutivo está haciendo justo lo contrario.
Dejar el campo más abierto a los empresarios para cometer excesos
La asociación se pregunta si desmantelar las estructuras que deben velar por la protección de los consumidores esconde el propósito del Gobierno de dejar el campo aún más abierto al sector empresarial para cometer excesos sin control.
El INC fue creado en 1975 (Decreto 2950/1975, de 7 de noviembre) y dos años después se transformó en organismo autónomo (Decreto 3162/1977, de 11 de noviembre). En 1981, se adscribió al nuevo Ministerio de Sanidad y Consumo.
El Ministerio mantuvo esta denominación hasta abril de 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó la palabra Consumo y le incorporó las competencias en Política Social, a las que posteriormente sumó las de Igualdad.
(remitido)
______________________________________________________________________________________________
Las eléctricas aplican penalizaciones ilegales tras sustituir los contadores a usuarios que no tenían limitadores de potencia
Siguen 'multando' con hasta 31 euros mensuales argumentando que la ley las obliga pese a que los nuevos contadores digitales ya llevan incorporados los ICP.
FACUA-Consumidores en Acción alerta que las eléctricas están aplicando ilegalmente multas de hasta 31 euros mensuales a usuarios que no han instalado limitadores de potencia tras sustituirles los contadores.
Las compañías cobran las penalizaciones con el argumento de que una Orden de 2008 del Ministerio de Industria las obliga a hacerlo, obviando que los nuevos contadores digitales ya llevan incorporado el interruptor de control de potencia (ICP).
Tras denunciar estas prácticas ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE), el organismo regulador ha emitido un informe en el que advierte que "en el caso de suministros sin ICP a los que se les esté cobrando una penalización por ausencia del mismo, según lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden ITC/1857/2008, dicha penalización debería dejar de aplicarse en el momento en que se instale el nuevo equipo de medida, independientemente de cuando se active la función de control de potencia". Y es que las compañías no han accionado el limitador que incorporan los nuevos contadores.
Dureza contra el usuario y no contra las compañías
FACUA llama a los usuarios afectados a que reclamen a las eléctricas la devolución de las penalizaciones que hayan seguido facturándoles desde el momento en que les instalaron los nuevos contadores.
En el informe emitido a instancia de FACUA, la CNE indica que las eléctricas "deberían proceder a reembolsar al cliente la cantidad correspondiente a dicho recargo, desde la fecha de instalación del nuevo equipo de medida".
La dureza con la que el Gobierno anterior facultó a las eléctricas para que actuasen contra los usuarios que no instalen los ICP (multas mensuales si tras dos avisos no lo hacen) no existió ante el incumplimiento de las compañías del plan de sustitución de contadores.
FACUA denunció a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico (HC) y E.On en enero de 2011 por no haber sustituido el 30% del parque de contadores (unos seis millones), una obligación impuesta en la primera fase del plan de sustitución, que finalizó en diciembre del año anterior.
Hasta la fecha, la asociación no ha recibido respuesta de Industria por su denuncia ni ha trascendido ninguna multa a las eléctricas.
También cobran dos veces por el ICP
Junto al cobro ilegal de las penalizaciones a los usuarios que ya cuentan con los ICP incorporados en los nuevos contadores, las eléctricas también están facturando dos veces por el limitador de potencia a quienes sí lo tenían y ahora cuentan con los equipos de medida digitales.
Y es que les aplican la tarifa por el alquiler de los nuevos contadores, un 50% más cara que la de los antiguos, y siguen cobrándoles la del alquiler del ICP antiguo.
Una práctica sobre la que la CNE también ha determinado su ilegalidad y ha planteado que "debería reintegrarse (...) las cantidades correspondientes al alquiler del ICP" cobradas desde la instalación del nuevo equipo de medida.
La CNE recuerda que ya señaló en un informe de 2009 que "la implantación de los nuevos equipos de medida debía conllevar la desinstalación del ICP colocado en el domicilio del cliente, ya que el nuevo contador incluye la función de control de potencia demandada mediante un elemento de corte".
La tarifa por el alquiler de los contadores digitales, 81 céntimos mensuales antes de impuestos, es un 50% más elevada que los 54 céntimos de los antiguos. Y ello pese a que con los nuevos equipos las eléctricas no necesitan enviar a sus operarios a los domicilios de los clientes para realizar las lecturas.
FACUA ha instado a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y E.On a que devuelvan las cantidades facturadas irregularmente a sus clientes. De no hacerlo, la asociación presentará las pertinentes denuncias contra el sector ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas.
FACUA valora que el Gobierno acabe con la facturación mensual de la luz, que vulneraba la legislación
La asociación había denunciado a las eléctricas porque la metodología de facturación aprobada por el Gobierno anterior implicaba el cobro por adelantado de consumos no realizados.
FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la decisión del Gobierno de acabar, después de las reiteradas reivindicaciones y denuncias de las organizaciones de consumidores, con el sistema de facturacion mensual de la electricidad.
FACUA denunció a las eléctricas el pasado abril ante las autoridades de protección al consumidor autonómicas porque la metodología de facturación aprobada por el Gobierno anterior implicaba el cobro por adelantado de consumos no realizados en los recibos con lecturas estimadas.
El Gobierno pone punto y final a un método de facturación, vigente desde septiembre de 2008, que ha provocado una enorme confusión entre los usuarios e incluso llegó a ser utilizado por las eléctricas a comienzos de 2009 para facturar energía consumida en meses anteriores a un precio más caro vigente con posterioridad.
Ahora, FACUA considera que el Gobierno debe abrir un debate con el sector eléctrico y las asociaciones de consumidores representativas para estudiar si en el futuro puede volverse a la facturación mensual cuando las compañías realicen las lecturas de consumo cada mes, utilizando la tecnología de los nuevos contadores digitales que les permite revisarlos a distancia.
En este sentido, la asociación recuerda que en enero de 2011 denunció ante el Ministerio de Industria a las compañías eléctricas por haber incumplido la primera fase del plan de sustitución de contadores, que las obligaba a haber instalado contadores digitales al 30% de los usuarios en diciembre de 2010.
Hasta la fecha, Industria no ha comunicado a FACUA sanción alguna al sector eléctrico por estas prácticas.
Riesgo de incendio en automóviles Opel Antara 2011 por posibles fugas de combustible
El vehículo ha sido incluido en la red de alerta del Instituto Nacional del Consumo.
FACUA-Consumidores en Acción informa que Opel ha realizado una llamada a revisión que afecta a vehículos del modelo Antara 2011 por un defecto de fabricación que implica riesgo de incendio.
La empresa ha detectado que el depósito de combustible del vehículo pudiera tener fugas, con el consiguiente peligro de incendio.
General Motors España ha comunicado a las autoridades de Consumo de Aragón, donde tiene su sede social, que ha remitido una comunicación a los propietarios de los vehículos para que los lleven a la red de reparadores autorizados.
El automóvil ha sido incluido, con fecha 10 de enero, en la red de alerta de productos no alimentarios inseguros que coordina el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La página web de Opel en España no ofrece ninguna información sobre el problema. En la información pública de la red de alerta que el INC incluye en su web no se indica el número de vehículos afectados ni sus fechas de fabricación o venta.
FACUA reclama al Gobierno que las asociaciones de consumidores formen parte de las tres redes de alerta de productos inseguros, las de alimentos, fármacos y productos no alimentarios, para que cuenten con la información sobre los artículos peligrosos detectados en el mercado al mismo tiempo que las administraciones públicas y puedan darla a conocer a los usuarios.
FACUA denuncia a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo por sabotear sus terminales para que no puedan usarse con la competencia
Considera que incurren en una cláusula abusiva y competencia desleal. Llama a los usuarios a que reclamen a las compañías la liberación de sus móviles.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo ante las autoridades de Consumo y Competencia por sabotear los terminales que comercializan para que sólo puedan utilizarse con ellas.
FACUA que logró en 2007 la eliminación de los redondeos al alza en la facturación de las llamadas tras una batalla de más de tres años que culminó con la introducción de la facturación por segundos. Ahora, pone en marcha una campaña para acabar con el #fraudemovil en la venta de terminales y llama a los consumidores a que reclamen a sus compañías que se los liberen.
Las cuatro compañías denunciadas introducen una restricción técnica, un defecto, que limita y restringe las posibilidades de uso del móvil que el consumidor adquiere.
Un terminal del que el usuario es titular y que además abonará de forma diferida a lo largo del periodo de duración del compromiso de permanencia que le obligan a asumir mediante el pago de un consumo mínimo mensual y unas condiciones tarifarias concretas.
FACUA ha remitido sus denuncias a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y autoridades de protección al consumidor autonómicas.
FACUA considera que los derechos y obligaciones que se establecen en los dos contratos vinculados, el de la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles y el de compra del terminal, no son proporcionales y equitativos, lo que implica la vulneración del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
El artículo 82 de dicha norma, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, define como cláusulas abusivas, entre otras, las que "causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes", "resulten desproporcionadas en relación con (...) la ejecución del contrato" o "impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas".
FACUA argumenta en sus denuncias que las compañías limitan el uso de bien adquirido por el consumidor y que debería ser puesto a su disposición desde el inicio del contrato con todas sus funcionalidades, sin restricciones técnicas ni limitaciones. Y ello dado que ya se están garantizando con el consumo o cuotas mínimas y con el compromiso de permanencia un beneficio económico y la recuperación en su caso del coste del terminal, con independencia del uso o no del mismo.
Así, la asociación considera que el bloqueo del móvil supone un gravamen añadido al mismo y penaliza a un consumidor que cumple con las obligaciones derivadas del contrato.
Competencia desleal
Asimismo, la práctica comercial denunciada restringe el mercado e impide que el consumidor pueda beneficiarse de las promociones de otros operadores, al incorporar dicha restricción técnica en los aparatos.
De no existir el bloqueo, el consumidor podría, cumpliendo sus obligaciones con el operador con quien contrata la adquisición del terminal vinculado a su vez a un contrato de telefonía móvil, utilizarlo con otro operador, rompiendo con ello el mercado cautivo existente en la actualidad y fomentando la competencia.
Por ello, FACUA considera que Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo incurren en acto o comportamiento desleal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, Ley 3/1991, de 10 de enero.
FACUA denuncia a "Rastreator.com " ante LA AGENCIA DE Protección de Datos
Envía un correo a sus clientes advirtiéndoles que si no se niegan, utilizará sus datos para enviarles publicidad de otros productos y servicios.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al comparador de seguros Rastreator.com ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
La empresa está enviando un correo electrónico a sus clientes advirtiéndoles que si no se niegan, utilizará sus datos para enviarles publicidad de otros productos y servicios.
Numerosos usuarios de Rastreator.com se han puesto en contacto con FACUA en los últimos días para trasladarle las irregularidades tras haber recibido el correo de la empresa o no haberlo hecho y estar preocupados por un posible uso ilícito de sus datos.
"Si no recibimos notificación alguna por tu parte en el plazo de 1 mes, entenderemos que das tu consentimiento", indica la empresa en su correo.
Prohibido por la Lssice
FACUA advierte que ésta es una práctica prohibida por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Lssice).
En su artículo 21, dicha norma establece que "queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas".
La fórmula utilizada por Rastreator no es el consentimiento expreso del usuario, sino el denominado consentimiento informado, esto es, una comunicación en la que le indica que, si no se niega, recibirá la publicidad.
La citada Ley sólo libra a las empresas del consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales siempre que sean "referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente".
Sin embargo, en el correo electrónico que Rastreator.com esá enviando a sus clientes indica que les remitirá ofertas de un abanico de cerca de una treintena de sectores ajenos al asegurador, añadiendo al final que también lo hará de "cualesquiera otros de interés para ti".
El Gobierno suprime la Secretaría General y la Dirección General de Consumo del Ministerio de Ana Mato
FACUA muestra su perplejidad ante este gravísimo retroceso y pregunta a Rajoy si la protección de los consumidores no le importa al Gobierno.
FACUA-Consumidores en Acción muestra su perplejidad ante el gravísimo retroceso y la devaluación de la protección de los consumidores que supone la eliminación de la Secretaría General de Política Social y Consumo y la Dirección General de Consumo del organigrama del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
FACUA ha preguntado a Mariano Rajoy los motivos que le han llevado a deshacerse de estos organismos y si la protección de los consumidores no le importa al Gobierno.
La asociación advierte que las importantes carencias en la protección de los consumidores en los últimos gobiernos de Zapatero y Aznar y el creciente índice de abusos y fraudes que sufren los ciudadanos, mayor aún en este periodo de crisis económica, deberían llevar al nuevo Ejecutivo a priorizar estas políticas, que ni siquiera venían contado con su propia Secretaría de Estado.
Pero lejos de aumentar el rango de estas políticas en el organigrama del Ministerio de Ana Mato, competente en la política de Consumo, el BOE del pasado sábado 31 de diciembre recoge la supresión de la Secretaría General de Política Social y Consumo y la Dirección General de Consumo. Por su parte, el destino del Instituto Nacional del Consumo (INC) es hoy una incógnita. Todavía no se sabe si dependerá de Sanidad, de Servicios Sociales o si también será eliminado.
